La decisión de Garzón de acceder a que se grabaran conversaciones de encarcelados de la trama Gürtel, solicitada por la policía, fue respaldada por la fiscalía y mantenida por el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira cuando se hizo cargo de la investigación. Ahora, sin embargo, siete miembros del Tribunal Supremo han condenado sin debate previo ni ningún tipo de consideración, en tiempo record, y por unanimidad, al Juez Garzón a 11 años de inhabilitación por prevaricación, la cual sólo es posible si la actuación del juez es insostenible. Prevaricar significa además que "no es defendible en Derecho ni podría llegarse a ello por alguno de los métodos de interpretación de las normas admitidas en Derecho". Esto es por tanto, amenazar a cada juez con que la interpretación de la jurisprudencia puede dar lugar a prevaricación. Es condenar a un juez porque una ley sea estúpidamente ambigua y abrir espacios de impunidad. En vez de condenar la ley, condenamos al juez.
Pero no todo lo justo es legítimo (ni todo lo legítimo es justo). Pues hay que tener en cuenta que la causa por la que se ha inhabilitado a Garzón era una de las más famosas tramas de corrupción en nuestro país. A lo que se añade también la coincidencia de esta sentencia contra Garzón con el inicio de una investigación contra el juez que instruye el caso de Urdangarín. Tras la protección de la intimidad de los corruptos, estas condenas lo que esconden es el gran peligro que supone investigar al poderoso, lo que es un duro golpe de la justicia en contra de sí misma y que ataca también a la independecia de los jueces. Implica por tanto, cierto suicidio de la justicia española.
Es destacable cómo, las escuchas por las que se ha inhabilitado a Garzón serían legítimas suponiendo que se hubiera tratado de un caso contra terrorismo, o contra crímenes organizados, tipo de casos por los que el juez ha destacado a nivel internacional. Y digo yo ¿No es acaso un atentado contra los españoles que mientras se cuatruplican las peticiones de la renta mínima de inserción y se abaratan los despidos, haya 55 políticos imputados por prevaricación, cohecho y/o tráfico de influencias ? Huele mal. La condena que el Tribunal Supremo ha impuesto a Garzón, pretende ser para ellos el castigo de una presunta violación de la intimidad del acusados por corrupción, algo que consideran escandaloso. Pero más escandaloso me parece imponer una pena a un juez al que no se le había revocado el caso, sino que, de cualquier modo, se le permitió seguir adelante con las escuchas. Resulta irónico que el juez que investiga un caso de corrupción sea el primer y, de momento, el único culpable, y que sea por cumplir con su deber de, en este caso, tratar de interrumpir un delito de corrupción.
Lo que ocurre además es que el panorama político no resulta favorecedor si, finalmente asumiendo el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad, se hubiera decidido no respetar la intimidad de los acusados: Pues los mismos que adularon a Garzón cuando sus investigaciones apuntaban contra cargos públicos socialistas, son los que ahora se quejan de las escuchas. Esto es reflejo de lo poco consecuentes que pueden llegar a ser nuestras convicciones y creencias: se olvidan rápido los beneficios que conllevan a la sociedad la posibilidad de investigar casos de corrupción cuando es a uno mismo a quien se le merma su derecho de intimidad.
En el mismo caso que sentaba al banquillo a Garzón (paradójicamente para ser juzgado) acontecieron, días antes, los juicios tras los cuales Camps celebraba "el triunfo de la democracia" por su absolución. Cabe señalar que la absolución de Camps y Costa se basa en que el jurado ha encontrado contradicciones en las declaraciones del sastre y de la empleada de la tienda de ropa, en que cinco de los nueve jurados no se han creído los informes periciales ni los documentos aportados por la acusación, y en que la mayoría ha dado bastante credibilidad a las declaraciones de los altos cargos de la Generalitat valenciana que desvincularon a los imputados con la capacidad o influencia en las contrataciones de eventos y obras. A pesar de las pruebas explícitas, las grabaciones inequívocas y los documentos irrefutables, el jurado se ha inclinado por considerar que la relación entre Camps y Álvaro Pérez, había sido meramente "comercial". Tampoco han tenido en cuenta las dos condenas precedentes asumidas por Victor Campos (expresidente de la Generalitat) y Ramon Betoret (exjefe del gabinete de Turismo) por "aceptar trajes de la trama". No obstante, para diversos cargos del PP valenciano, éste no es el final de las causas sobre trama Gürtel. Queda pendiente la causa que se sigue por supuesta financiación irregular del partido, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.
El Supremo ha condenado a Garzón antes de la causa de la memoria histórica, parece que para no crear más polémica, pues la condena de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde un punto de vista mínimamente técnico. Pero aún queda pendiente el juicio en el que se acusa a Garzón de atentar contra la Ley de Amnistía (1977) por pretender investigar los asesinatos y desapariciones de más de 110.000 personas durante la dictadura y la Guerra Civil. Guerra Civil: En mayúsculas, como los nombres de sus muertos, cuyas familias aspiran a ejercer su derecho de conocer la verdad y encontrar a las víctimas de entre las fosas clandestina. No solo es que estas familias tengan derecho a conocer la verdad, además tienen derecho a que esa verdad quede reconocida.
Sin embargo parecemos estar sumidos en cierta amnesia histórica. España es, tras Camboya, el país del mundo que más fosas clandestinas tiene. ¿Cómo pueden ser crímenes de tal gravedad objeto de amnistía? Más que eso, ¿cómo puede juzgarse a alguien que aspira a conocer la verdad de estos muertos que no tuvieron ni juicio, ni abogado, ni sentencia, y a los que su familia siguen buscando? Cabe destacar que, los familiares de los desaparecidos lo que pretenden por medio de estos juicios alcanzar no es venganza, sino verdad. Pero sin verdad no hay paz. Esto lo que viene a producir, contrario a los argumentos en los que alguno se refugia, es una fractura en el país: en la sombra de España quedarán aquellos que no han dejado de luchar por buscar a sus muertos. Sumidos en el olvido, la mayor indefensión y la desesperación por ver que se ve frustrado el único intento de satisfacer sus ansias de justicia. No podemos aprender de la historia si no la conocemos ni la reconocemos.
Hay ciertas cosas que ha olvidado la justicia en España. Estos hechos ponen en tela de juicio los medios de los que nuestro pais dispone para garantizar la verdad. Y aunque, como ya he mencionado antes, Garzón no desobedeció (puesto que no se le había revocado el proceso), cuando la justicia no es un hecho, desobedecer es un derecho, y casi una obligación. Con frecuencia olvidamos que tenemos un modelo de país heredado del franquismo, sumido, a lo sumo, en la transición. La justicia tambíen está en crisis, y necesita superarse a si misma, acatar los cambios necesarios para sobrevivir. Pero tenemos miedo al progreso y, ni los políticos ni los ciudadanos parecemos aceptar las responsabilidades que estos cambios conllevan. Algunos dicen: "Al amigo todo, al enemigo ni agua y al indiferente la legislación vigente". Y así nos va. Cuando el juez es el primer condendo en un caso de corrupción, es que algo no funciona.
En estas estamos, en que es más peligroso ser juez que corrupto. Si eres corrupto, puede incluso que te vote media Valencia en masa. No tengo tan claro que el poder ejecutivo esté separado del judicial y hoy por hoy, no puedo decir que confíe en la mayoría de las instituciones, corruptas, inútiles, desfasadas, ineptas y bipartidistas. Menos revanchismo y venganza y más justicia y verdad, eso es lo que nos hace falta.
No se trata ya de apoyar o no a Garzón, sino de apoyar la justicia. Aún en la hipótesis de que Garzón fuera culpable, objeto aún de debate; no lo somos los ciudadanos (al menos legalmente), por esto, estamos en el derecho de poner nombre y condena a cualquier mal que afecte a nuestro desarrollo como sociedad. Apoyar procedimientos que garanticen la independencia judicial para que los ciudadanos, conozcamos la realidad, y sepamos llevarla de una manera responsable.
Actuar con consecuencia no es únicamente conocer que la responsabilidad de un juez es garantizar la justicia. Es además responsabilidad del ciudadano luchar por que ese juez disponga de los medios para garantizar la justicia. Ríete si vuelves a oír al Rey Juan Carlos hablar de aquello de que " la justicia es igual para todos", que ya Gabriela Bravo, portavoz del poder judicial, ha dicho, literalmente que "no todos los imputados son iguales". Actuar con consecuencia es no olvidar nunca que, como las mejores cosas en esta vida, los derechos hay que conquistarlos.
Pero no todo lo justo es legítimo (ni todo lo legítimo es justo). Pues hay que tener en cuenta que la causa por la que se ha inhabilitado a Garzón era una de las más famosas tramas de corrupción en nuestro país. A lo que se añade también la coincidencia de esta sentencia contra Garzón con el inicio de una investigación contra el juez que instruye el caso de Urdangarín. Tras la protección de la intimidad de los corruptos, estas condenas lo que esconden es el gran peligro que supone investigar al poderoso, lo que es un duro golpe de la justicia en contra de sí misma y que ataca también a la independecia de los jueces. Implica por tanto, cierto suicidio de la justicia española.
Es destacable cómo, las escuchas por las que se ha inhabilitado a Garzón serían legítimas suponiendo que se hubiera tratado de un caso contra terrorismo, o contra crímenes organizados, tipo de casos por los que el juez ha destacado a nivel internacional. Y digo yo ¿No es acaso un atentado contra los españoles que mientras se cuatruplican las peticiones de la renta mínima de inserción y se abaratan los despidos, haya 55 políticos imputados por prevaricación, cohecho y/o tráfico de influencias ? Huele mal. La condena que el Tribunal Supremo ha impuesto a Garzón, pretende ser para ellos el castigo de una presunta violación de la intimidad del acusados por corrupción, algo que consideran escandaloso. Pero más escandaloso me parece imponer una pena a un juez al que no se le había revocado el caso, sino que, de cualquier modo, se le permitió seguir adelante con las escuchas. Resulta irónico que el juez que investiga un caso de corrupción sea el primer y, de momento, el único culpable, y que sea por cumplir con su deber de, en este caso, tratar de interrumpir un delito de corrupción.
Lo que ocurre además es que el panorama político no resulta favorecedor si, finalmente asumiendo el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad, se hubiera decidido no respetar la intimidad de los acusados: Pues los mismos que adularon a Garzón cuando sus investigaciones apuntaban contra cargos públicos socialistas, son los que ahora se quejan de las escuchas. Esto es reflejo de lo poco consecuentes que pueden llegar a ser nuestras convicciones y creencias: se olvidan rápido los beneficios que conllevan a la sociedad la posibilidad de investigar casos de corrupción cuando es a uno mismo a quien se le merma su derecho de intimidad.
En el mismo caso que sentaba al banquillo a Garzón (paradójicamente para ser juzgado) acontecieron, días antes, los juicios tras los cuales Camps celebraba "el triunfo de la democracia" por su absolución. Cabe señalar que la absolución de Camps y Costa se basa en que el jurado ha encontrado contradicciones en las declaraciones del sastre y de la empleada de la tienda de ropa, en que cinco de los nueve jurados no se han creído los informes periciales ni los documentos aportados por la acusación, y en que la mayoría ha dado bastante credibilidad a las declaraciones de los altos cargos de la Generalitat valenciana que desvincularon a los imputados con la capacidad o influencia en las contrataciones de eventos y obras. A pesar de las pruebas explícitas, las grabaciones inequívocas y los documentos irrefutables, el jurado se ha inclinado por considerar que la relación entre Camps y Álvaro Pérez, había sido meramente "comercial". Tampoco han tenido en cuenta las dos condenas precedentes asumidas por Victor Campos (expresidente de la Generalitat) y Ramon Betoret (exjefe del gabinete de Turismo) por "aceptar trajes de la trama". No obstante, para diversos cargos del PP valenciano, éste no es el final de las causas sobre trama Gürtel. Queda pendiente la causa que se sigue por supuesta financiación irregular del partido, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008.
El Supremo ha condenado a Garzón antes de la causa de la memoria histórica, parece que para no crear más polémica, pues la condena de las escuchas es la única que tenía posibilidades de construirse desde un punto de vista mínimamente técnico. Pero aún queda pendiente el juicio en el que se acusa a Garzón de atentar contra la Ley de Amnistía (1977) por pretender investigar los asesinatos y desapariciones de más de 110.000 personas durante la dictadura y la Guerra Civil. Guerra Civil: En mayúsculas, como los nombres de sus muertos, cuyas familias aspiran a ejercer su derecho de conocer la verdad y encontrar a las víctimas de entre las fosas clandestina. No solo es que estas familias tengan derecho a conocer la verdad, además tienen derecho a que esa verdad quede reconocida.
Sin embargo parecemos estar sumidos en cierta amnesia histórica. España es, tras Camboya, el país del mundo que más fosas clandestinas tiene. ¿Cómo pueden ser crímenes de tal gravedad objeto de amnistía? Más que eso, ¿cómo puede juzgarse a alguien que aspira a conocer la verdad de estos muertos que no tuvieron ni juicio, ni abogado, ni sentencia, y a los que su familia siguen buscando? Cabe destacar que, los familiares de los desaparecidos lo que pretenden por medio de estos juicios alcanzar no es venganza, sino verdad. Pero sin verdad no hay paz. Esto lo que viene a producir, contrario a los argumentos en los que alguno se refugia, es una fractura en el país: en la sombra de España quedarán aquellos que no han dejado de luchar por buscar a sus muertos. Sumidos en el olvido, la mayor indefensión y la desesperación por ver que se ve frustrado el único intento de satisfacer sus ansias de justicia. No podemos aprender de la historia si no la conocemos ni la reconocemos.
Hay ciertas cosas que ha olvidado la justicia en España. Estos hechos ponen en tela de juicio los medios de los que nuestro pais dispone para garantizar la verdad. Y aunque, como ya he mencionado antes, Garzón no desobedeció (puesto que no se le había revocado el proceso), cuando la justicia no es un hecho, desobedecer es un derecho, y casi una obligación. Con frecuencia olvidamos que tenemos un modelo de país heredado del franquismo, sumido, a lo sumo, en la transición. La justicia tambíen está en crisis, y necesita superarse a si misma, acatar los cambios necesarios para sobrevivir. Pero tenemos miedo al progreso y, ni los políticos ni los ciudadanos parecemos aceptar las responsabilidades que estos cambios conllevan. Algunos dicen: "Al amigo todo, al enemigo ni agua y al indiferente la legislación vigente". Y así nos va. Cuando el juez es el primer condendo en un caso de corrupción, es que algo no funciona.
En estas estamos, en que es más peligroso ser juez que corrupto. Si eres corrupto, puede incluso que te vote media Valencia en masa. No tengo tan claro que el poder ejecutivo esté separado del judicial y hoy por hoy, no puedo decir que confíe en la mayoría de las instituciones, corruptas, inútiles, desfasadas, ineptas y bipartidistas. Menos revanchismo y venganza y más justicia y verdad, eso es lo que nos hace falta.
No se trata ya de apoyar o no a Garzón, sino de apoyar la justicia. Aún en la hipótesis de que Garzón fuera culpable, objeto aún de debate; no lo somos los ciudadanos (al menos legalmente), por esto, estamos en el derecho de poner nombre y condena a cualquier mal que afecte a nuestro desarrollo como sociedad. Apoyar procedimientos que garanticen la independencia judicial para que los ciudadanos, conozcamos la realidad, y sepamos llevarla de una manera responsable.
Actuar con consecuencia no es únicamente conocer que la responsabilidad de un juez es garantizar la justicia. Es además responsabilidad del ciudadano luchar por que ese juez disponga de los medios para garantizar la justicia. Ríete si vuelves a oír al Rey Juan Carlos hablar de aquello de que " la justicia es igual para todos", que ya Gabriela Bravo, portavoz del poder judicial, ha dicho, literalmente que "no todos los imputados son iguales". Actuar con consecuencia es no olvidar nunca que, como las mejores cosas en esta vida, los derechos hay que conquistarlos.
Beatriz Ortega
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